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Casa de justicia de Yopal, a prestar servicios en otros municipios

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El objetivo es brindar el servicio de conciliación en derecho para todo el departamento de forma gratuita

En reunión sostenida con los funcionarios de la Casa de Justicia, el Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, planteó una serie de compromisos para fortalecer el funcionamiento y correcta prestación de los servicios brindados por esta entidad. Entre las responsabilidades adquiridas, se encuentra la gestión ante el Gobierno Departamental para lograr la prestación de servicios del centro de conciliación en derecho y otros en el territorio de Casanare.

Teniendo en cuenta que la Casa de Justicia de Yopal, es la única existente en todo el departamento, el objetivo es poder llevar los servicios a las comunidades más vulnerables en los 18 municipios restantes, para ello el mandatario local se comprometió a adelantar los acercamientos necesarios con la Gobernación de Casanare, para implementar un convenio interadministrativo que permita garantizar los recursos para dicho funcionamiento.

Otros de los compromisos adquiridos por el Alcalde fue acelerar los procesos de contratación de personal, gestionar la dotación de mobiliario e insumos y respaldar las actividades de mejoramiento de la infraestructura, sin embargo, el mandatario local solicitó un cambio rotundo en la actitud frente a la atención al usuario.

“Quiero de manera respetuosa recomendarles el buen trato hacia los usuarios, más allá de ser funcionarios son ciudadanos y es indispensable que la comunidad se sienta agradada cuando lleguen a requerir algunos de los servicios, tengan sentido de pertenencia y compromiso con esta entidad y con el municipio en general”, puntualizó el Alcalde.

Por su parte Yuly Barón Vargas, quien asumirá la coordinación de la Casa de la Justicia, resaltó la buena disposición que ha tenido el Alcalde en atender los requerimientos de sus funcionarios y asumió el compromiso de mejorar la atención y servicios brindados a la comunidad, con el objetivo de fortalecer el respaldo judicial a las poblaciones que presentan altos índices de vulnerabilidad, marginalidad económica y social, criminalidad y conflictividad comunitaria.

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